En la provincia de Mendoza, los padres, tutores o cuidadores que no vacunen a sus hijos según el calendario obligatorio podrán enfrentar multas superiores a los 300 mil pesos, arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la Ley Nacional de Vacunación. Según la normativa, las dosis del calendario deben aplicarse más allá de la voluntad individual, y es el Estado quien debe garantizar que ese derecho se cumpla.
Para ello, se elaboró un protocolo de denuncia que obliga tanto al personal de salud (público o privado) como al personal educativo a notificar los casos en los que se detecte resistencia a vacunar a menores. Una vez informado, se otorga un plazo de 30 días para que el niño o niña reciba la dosis correspondiente en otro centro de salud. Si la vacunación no se concreta, se activa una cadena institucional que incluye la notificación al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y la posterior denuncia ante la autoridad policial, municipal o judicial.
El incumplimiento está contemplado en el artículo 119 del Código Contravencional de Mendoza, que establece las sanciones mencionadas y determina que “todo agente o funcionario público que tuviera conocimiento de la vulneración del derecho a la vacunación de menores deberá comunicar la situación a la autoridad administrativa local”. Con esta reglamentación, Mendoza se posiciona como una de las provincias más estrictas en la defensa del derecho a la salud de la infancia.