Liliana Gordillo, y su abogado, el Dr. Alejandro Gordillo, judicializaron el conflicto con el Consejo Provincial encabezado por Ricardo Arévalo. Denunciaron penalmente el despojo de la sede, falsificación de sellos y ofrecimiento de dinero para forzar renuncias.
Liliana Gordillo quien ocupaba el cargo de Secretaria Adjunta de la seccional Andalgalá de ATE, formalizó una serie de presentaciones ante la Justicia local tras rechazar la intervención dispuesta por el Consejo Provincial del gremio. La sindicalista local, argumentó que el procedimiento realizado el pasado miércoles 20 fue «arbitrario» y carece de validez institucional.
«Para haber una intervención tiene que venir un dictamen de Nación, el cual nunca llegó a Andalgalá. Si hay un dictamen, tiene que haber con 30 días de anticipación avisándome, cosa que nunca pasó», afirmó la dirigente. Además, acusó directamente a la secretaria adjunta de la provincia por «el robo del libro de actas» y denunció hostigamientos hacia su familia y la dueña del inmueble de la seccional.
Balances aprobados y coimas de $250.000
Por su parte, el asesor legal Alejandro Gordillo detalló que la intervención es «ilegal absolutamente» debido a que el Consejo Provincial se atribuyó facultades exclusivas de la conducción nacional contempladas en el artículo 27 del estatuto.
El letrado desmintió las acusaciones del secretario provincial Ricardo Arévalo sobre malversación de fondos y deudas «La malversación no existe, están todos los balances en regla, aprobados. Y en cuanto a la supuesta deuda millonaria, tiene que ver con un alquiler que firmó el propio Arévalo; la seccional Catamarca tenía que estar pagando y dejó de pagar».
La acusación penal más severa apunta a maniobras de cohecho para provocar la caída de la conducción de Andalgalá «Desde el Consejo Provincial, gerenciado esto por Arévalo, están pagando —cometiendo el delito de cohecho y otros más— a algunos de la comisión directiva de Andalgalá la suma de $250.000 para que renuncien. ¿Si hubiera cuestiones que ameriten una intervención, hace falta coimear?», cuestionó el abogado.
Gordillo sumó a las denuncias la existencia de «sellos paralelos» y el funcionamiento de una «comisión paralela», tipificándolo como una «asociación ilícita» en la que se cometieron delitos de hurto de documentación, agresiones y extorsiones.
Vínculo con el conflicto municipal
Finalmente, la defensa vinculó directamente la intervención con el plano político de Andalgalá. Recordó que la seccional venía de protagonizar un paro contra la Municipalidad por «masivos descuentos ilegales» a los trabajadores.
«Estamos investigando la conexión o la responsabilidad de algún funcionario municipal o de la Intendencia con esta intervención que cae de sorpresa justo cuando íbamos a hacer los reclamos por la devolución de los fondos retenidos a los trabajadores. Aparece esto, muy conveniente, ¿verdad?», cerró el letrado, anticipando que ampliarán las pruebas y solicitarán las nulidades administrativas y judiciales en los tribunales.